El secretario general del Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, defendió la recién aprobada reforma que tipifica el “halconeo digital” y aseguró que ni su redacción es ambigua, ni podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, ni mucho menos es violatoria de los derechos humanos y al contrario auguró que será una herramienta muy útil para pacificar San Luis Potosí.
Explicó que, por ejemplo, no atenta al ejercicio periodístico, puesto que en la propia reforma se establecen una serie de exclusiones justamente para mantener a salvo el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa y de acceso a la información, siempre y cuando no tenga como finalidad alguna actividad ilícita.
“Yo creo que los señalamientos son, más bien, falta de cuidado, malinformación o posicionamientos tendenciosos; la verdad de las cosas es que esta reforma es una herramienta indispensable para seguir pacificando el estado, hoy tenemos ya uno de los más seguros”, comentó.
Torres Sánchez manifestó que, por ejemplo, este viernes se estuvieron revisando algunas cifras y el tema de los homicidios violentos se ha reducido “al máximo”, también se han llevado a cabo gran número de detenciones de presuntos narcomenudistas.
“Son sujetos altamente peligrosos, que generan violencia en el estado y si no los detienes van a andar dándose de balazos en las calles y terminando muertos”.
Asimismo, insistió que esta reforma “antihalconeo” en realidad no es exclusiva de San Luis Potosí, pues otros estados del país han hecho sus reformas similares, con la intención de desmantelar la gran red de cámaras de videovigilancia que instaló durante muchos años la delincuencia organizada; “se trata de poder desarmarlos”.
Finalmente, el segundo al mando del Gobierno estatal indicó que en este asunto “no debe haber marcha atrás, estamos seguros de que cualquier análisis de constitucionalidad esta reforma lo va a superar y lo va a hacer muy bien”.
Cabe destacar que por un lado la diputada Gabriela López Torres advirtió, tanto en tribuna como ante medios informativos, que esta reforma no está construida jurídicamente de la mejor forma, tiene espacios de ambigüedad y abre la puerta a posibles violaciones a derechos humanos
Por su parte, el activista y defensor de derechos humanos Luis González Lozano presentó una solicitud a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que promueva una “Acción de Inconstitucionalidad” en contra de esta reforma “antihalconeo digital”.